El Grupo de Trabajo de Cumplimiento Normativo de la Cámara de Comercio de España ha organizado una sesión de trabajo para abordar los retos e identificar propuestas que permitan reducir el riesgo penal de la persona jurídica sin debilitar la eficacia del sistema sancionador.
La sesión, presidida por el secretario general de la Cámara de Comercio de España, Adolfo Díaz-Ambrona, ha contado con la participación del magistrado del Tribunal Constitucional, Enrique Arnaldo. Durante el encuentro, se ha subrayado el impacto que los automatismos de imputación y la excesiva duración de las instrucciones penales tienen sobre la actividad de las empresas, especialmente cuando los procedimientos se prolongan sin llegar a una acusación formal.
A este respecto, Arnaldo ha recalcado la necesidad de reducir el automatismo imputador para evitar que la apertura de una causa penal se convierta, de facto, en una condena anticipada. Desde una óptica constitucional, la imputación prolongada genera efectos punitivos (reputacionales y económicos) difícilmente reversibles, lo que tensiona la presunción de inocencia, la tutela judicial efectiva y el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas.
Asimismo, Arnaldo ha insistido que existe una falta conciencia del perjuicio que supone prolongar procedimientos cuando no hay base suficiente, y en la conveniencia de dotar de garantías y criterios claros a quienes instruyen estos asuntos.
En la sesión, también se ha insistido en la necesidad de mejorar la previsibilidad y la agilidad del sistema para evitar la ‘pena de banquillo’ en compañías que cuentan con programas de cumplimiento serios y eficaces.
La Cámara de España analiza junto con el Tribunal Constitucional la instrucción penal de las personas jurídicas
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